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A veces es un poco tarde para ponerse de acuerdo: la consulta previa

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Por Lorenzo de la Puente*

La semana pasada la Defensoría del Pueblo pidió al Congreso de la República la aprobación de la Ley de Consulta Previa (leer noticia) y, luego, varios congresistas le hicieron eco (leer noticia). También, el propio presidente del Congreso declaró que la aprobación de la ley será prioridad en el Parlamento (leer noticia). Es más, incluso Amnistía Internacional demandó la aprobación de los mecanismos que hagan posible la consulta previa (leer noticia). Por su lado, el Ministro de Energía y Minas, en una de sus primeras declaraciones, planteó la necesidad de las licencias sociales para los proyectos de inversión (leer noticia).

El anterior Congreso ya había aprobado la Ley de Consulta Previa; sin embargo el gobierno aprista la observó poco antes de retirarse. Se trata de un tema que, cual Espada de Damocles, pende de un hilo sobre un Estado que puede seguir perdiendo autoridad si es que no asume su responsabilidad social como debe ser. Pareciera, lamentablemente, que en el Perú tenemos más territorio que Estado.

Los términos consulta previa” y “licencia social” se pueden mezclar y confundir con otros como “participación ciudadana”, “veto”, “audiencia pública” y “mesas de concertación”; todos ellos, términos que significan distintas cosas y que no siempre son bien comprendidos. Esta vez, quiero dedicarme a la consulta previa: amenaza para algunos, medio de lucha para otros.

Leyendo con tranquilidad y tratando de interpretarlo, entiendo que el Convenio 169 de la Organización  Internacional del Trabajo (OIT), tiene a la consulta previa como un diálogo intercultural indispensable para los sectores indígenas -y yo añadiría, indispensable, ahora, para la nación peruana-. Por lo que es importante tener en cuenta que, quizás, las dos condiciones más importantes para que se lleve a cabo apropiadamente son (i) la buena fe y (ii) su aplicación previa a las inversiones públicas y privadas –no cuando ya existe un interés concreto-. De no verificarse ambas condiciones, el mecanismo fracasaría.

Por lo tanto, a quienes ven la consulta previa como una amenaza a las inversiones, les diría que en un país tan complejo como el Perú, y a estas alturas de la civilización, ya no es posible –felizmente, añadiría yo- hacer industria extractiva sin considerar la voluntad y aspiraciones de las poblaciones indígenas que pudieran ser afecadas positiva o negativamente. Y no es que se les vaya a dar prerrogativas especiales a las poblaciones indígenas peruanas, sino que, por la naturaleza de las cosas, estos peruanos -que en muchos casos nunca han tenido una relación con el Estado- puedan acceder a dialogar con sus autoridades. Hay que recordar que el Convenio 169 fue elaborado por organizaciones empresariales y obreras de los países parte de la OIT, reconociendo los derechos especiales de los pueblos indígenas y tribales –diferenciándolos por la naturaleza de las cosas-, por su “particular contribución (…) a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales”.

Por otro lado, a quienes la ven como tabla de salvación de los pueblos indígenas, les diría que la consulta previa no es un mecanismo de votación para aprobar una decisión, sino un medio de diálogo entre el Estado –no las empresas- y las poblaciones indígenas, para llegar a un consenso sobre aquello que pueda afectarles en su diario vivir y en sus derechos. No se trata de un poder de veto, sino del ejercicio responsable del derecho de opinar ante un Estado democrático donde se deben respetar los derechos de todos los ciudadanos sin excepciones. Pero, sobre todo, respetar a la ley y a la autoridad.

Finalmente, a los nuevos servidores públicos les pediría que al tomar acciones en esta materia, tengan presente la realidad peruana y las raíces de un Estado que siempre ha estado ausente de muchos de aquello lugares ocupados por indígenas. Pretender presentarse, luego de casi 200 años de vida republicana –con experiencias industriales viejas como la minera, la del guano, la del salitre, la del petróleo, la del caucho, la caña de azúcar- ante estos peruanos para llevar a cabo consultas a destiempo –cuando un proyecto de inversión privada está en etapa de factibilidad, por ejemplo-, no es el modo de generar consenso ni de promover el desarrollo; sino, todo lo contrario: genera conflictos. Y con el agravante de que el Estado todavía no tiene las herramientas para resolverlos.

Como señala Alberto Chirif en el prólogo al “Informe Consulta Previa” publicado por el Congreso de la República en mayo de este año, “la consulta es un principio altamente democrático vigente, por ahora, sólo para los pueblos indígenas pero que una sociedad que aspira a la justicia debería generalizar para todos sus ciudadanos. En el Perú estamos aún muy lejos de esto, lo que no debe considerarse como un lamento de frustración y derrota sino como un aliciente para trabajar más en esa dirección”.

Ojalá el Estado hubiese implementado la consulta previa inmediatamente después de la entrada en vigencia del Convenio 169 para el Perú, en 1995. En ese año, aún no se vivía la explosión de la industria extractiva. Cuántos conflictos y pérdidas de vidas podrían haberse evitado.

Hoy, la aplicación de la consulta previa en la industria extractiva, se va a dar en un entorno de desconfianza. Sin embargo, nunca es tarde para ponerse de acuerdo y siempre es buen momento para volver a empezar. La transformación que propone el nuevo gobierno puede ayudar.

*Abogado dedicado al Derecho Ambiental y Administrativo.
http://lorenzodelapuentedotcom.wordpress.com

 

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