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¿En manos del Congreso de la República?

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Por Juan Pablo de la Puente Brunke

El Poder Ejecutivo ha presentado ante el Congreso de la República, con carácter de urgencia, un proyecto de ley para modificar la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Esta propuesta plantea dos grandes modificaciones.

huaura3bc3Por un lado, propone la declaración de un bien como integrante del patrimonio cultural la realice únicamente el Congreso de la República. Es decir, el Instituto Nacional de Cultura (INC), la Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo General de la Nación, ya no serán competentes para declarar los bienes bajo su competencia como integrantes del patrimonio cultural.

Si bien las entidades competentes tienen grandes dificultades para ejercer sus funciones eficientemente, la solución no es reducir su competencia.

La declaración de un bien como patrimonio cultural es un procedimiento eminentemente técnico. Criterios de orden político no deben determinar qué bienes integran o no nuestro patrimonio cultural.

Al Congreso le corresponde brindar las bases legislativas para que los organismos Técnicos puedan ejercer sus funciones con transparencia, predictibilidad y eficiencia.

La segunda modificación incorpora un supuesto general de expropiación. Es decir, basta que un bien haya sido declarado patrimonioRestauracion_Casa_Marqueses_Quiroz_Arequipa_Ubicada_Centro_Historico_Patrimonio_Cultural_Humanidad cultural para que sea expropiado-. El régimen vigente contempla únicamente dos supuestos para la expropiación. Primero, cuando el bien se encuentra en peligro de perderse por abandono, negligencia o grave riesgo de destrucción o deterioro sustancial. Segundo, cuando se trate de consolidar la unidad inmobiliaria a fin de conservar y poner en valor el inmueble.

Una causal abierta de expropiación no solo se presta a arbitrariedad y corrupción, sino que también es parte del falso concepto de considerar a la propiedad estatal como garantía de conservación de bienes culturales.

El único camino de protección no es la propiedad estatal, especialmente en nuestro país que carece de recursos públicos suficientes. El Estado ya es propietario de todos los sitios arqueológicos en el país y el proyecto de ley ve como solución incrementar su cartera de propiedades.

En lugar de lo propuesto, se debería incentivar la inversión y participación privada en la gestión cultural.

Es cierto que la declaración de patrimonio cultural puede implicar el desplome del valor comercial del bien, pero la solución no es la expropiación, pues traslada esa carga al Estado, generando mayor gasto público.

Lo que se debe proponer son medidas tributarias de contrapeso, como la deducción como gasto de la totalidad de lo invertido en el mantenimiento, puesta en valor e investigación del bien, que sea ejecutado por el propietario, terceros inversionistas o donantes.

El mantenimiento y la conservación  son obligaciones legales del propietario –sea público o privado- que, sin contrapeso, incentivan el abandono y la destrucción.

En conclusión, en lugar de reducir las facultades de los organismos competentes al trasladar al ámbito político la determinación de lo que se debe proteger y generar mayor gasto por expropiaciones, lo adecuado es aprobar medidas económicas que incentiven la conservación del patrimonio por parte de la iniciativa de sus propios propietarios.

Como ejemplo, miremos el espectacular desarrollo de nuestra gastronomía, incluso el cebiche ha sido declarado patrimonio cultural el 2004; sin embargo, los restaurantes no son propiedad del Estado.

(Publicado en El diario El Comercio, en la sección ‘Opinión’, página A6 del lunes 14 setiembre de 2009)

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2 comentarios

  1. Walter Brunke Ríos dice:

    Me parece que el Gobierno tiene una maniática tendencia irrefrenable a abusar de la palabra “URGENCIA”.

    Tanto uso ha hecho y hace el Apra de la “urgencia”, que se nota claramente el abuso o el desconocimiento de su sentido propio, y los ciudadanos hemos perdido credibilidad cuando le oímos utilizar dicho vocablo.

    Ahora, origina inmediatamente sospechas, suscita automáticamente comprensibles y justas suspicacias, a la luz de los innumerables “affaires”, prelegislativos y legislativos, efectos de la “urgencia aprista” en los últimos tres años (2006-2009), ya sea acerca de la calidad de los fundamentos y contenidos de los proyectos, o ya sobre las motivaciones reales, no esclarecidas ni debatidas suficientemente en la indispensable antesala de la opinión pública, aunque las más de las veces sobre ambas, para ser exactos.

    ¿Cómo se puede fortalecer la democracia pluralista recurriendo reiteradamente, sin criterios objetivos, al trámite de “urgencia”?

    ¿Saben nuestros gobernantes y nuestros legisladores actuales la diferencia entre lo verdaderamente urgente y lo no urgente? Parece que no, pues muchos asuntos cruciales o esenciales siguen durmiendo el “Sueño en los Pasos Perdidos”.

    Por cierto, es una verdad casi de Perogrullo, pero conviene recordarla para los que no la tienen en cuenta. La ANSIEDAD por la urgencia, en una persona, o en un grupo gobernante o legislador, sea por las razones que fueren, no suele ser, de por sí, buena situación para decisiones apropiadas, menos en un régimen que aparentemente se precia de cumplir lealmente con la obligación, el deber de promover y defender la democracia participativa de los ciudadanos. Y menos aún con un Congreso compuesto de sólo de una sóla Cámara, que, por lo tanto, no cuenta con las garantías que otorga la doble instancia que suele favorecer el tiempo para la reflexión y evaluación de los proyectos.

    ¿Recuerdan cuando en su primer gobierno el Presidente Alan García Pérez remitió a la Cámara de Diputados el proyecto urgente para estatizar el 25% restante del sistema bancario nacional? El 75% en manos públicas se encontraba entonces casi quebrado, gracias a la “visionaria” gestión económica de los miembros ilustres del famoso Conaplan. El Presidente, -siempre iluminado de lo que él hoy denomina, insuficiente y eufemísticamente, “exceso de entusiasmo social”??!!, y, después de haber dilapidado el Tesoro Público-, necesitaba urgentemente nuevos recursos, con los cuales continuar tercamente su FUTURO DIFERENTE (cosa que lo logró; atrasó en más de 30 años los indicadores de desarrollo de nuestro país…). Diputados aprobó casi inmediatamente la pretendida estatización… Fue el Senado, también con mayoría aprista, la que con sensatez loable evitó el desaguisado.

  2. Aristio dice:

    Juan Pablo:

    (“…se debería incentivar la inversión y participación privada en la gestión cultural.

    Es cierto que la declaración de patrimonio cultural puede implicar el desplome del valor comercial del bien, pero la solución no es la expropiación, pues traslada esa carga al Estado, generando mayor gasto público.

    Lo que se debe proponer son medidas tributarias de contrapeso, como la deducción como gasto de la totalidad de lo invertido en el mantenimiento, puesta en valor e investigación del bien, que sea ejecutado por el propietario, terceros inversionistas o donantes.”)
    …………………………………………….
    Pienso que ha puesto sobre el tapete de la discusión pública una iniciativa razonable, la cual debería ser discutida a fondo por la opinión pública y perfeccionada, , finalmente, por el legislativo, -sobre todo, en lo relativo a la prevención jurídica de posibles fraudes, “vivezas” o abusos a propósito de los incentivos tributarios-.

    Dado que últimamente los peruanos hemos adquirido consciencia del enorme potencial turístico cultural que tiene nuestro país, y, además, sin lugar a dudas, percibiendo claramente los beneficios que dicha actividad genera hoy, la argumentación “estadolátrica” de que las arcas estatales sufrirían mella no resulta ya nada razonable, ni convincente. En el mediano plazo, habría mayor capacidad de atracción turística extranjera y nacional (es decir, interregional, interprovincial, etc.) y por lo tanto otra fuente creciente de ingresos tributarios para las administraciones públicas correspondientes. Y, por si fuera poco, una vía concreta para que la ciudadanía ayude proactivamente a la descentralización económica, social y demográfica del país.

    Es la suya, ciertamente, una iniciativa idónea, pero que previsiblemente chocará frontalmente con incomprensión sustentada en la “estadolatría” de algunos; esa creencia prejuiciosa obstaculizante del desarrollo; “fata morgana” que sigue ofreciendo resistencia ideologizada a lo realistamente posible y, además, bueno, sin necesidad de seguir manteniendo a los ciudadanos peruanos como simples “comparsas del juego político-social” (ver en este mismo blog, los dos atinadísimos posts de Edistio CÁMERE, titulados: “La sociedad civil como autora de su propio destino” y “La atomización de la sociedad”).

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