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La atomización de la sociedad

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Por Edistio Cámere

La fisonomía y concepción del aparato estatal y la pertinaz conducta estatista e intervencionista de muchas administraciones -so pretexto de una preocupación por el pueblo- han traído consigo el divorcio entre la sociedad y el Estado, la desarticulación de la misma sociedad y la instauración, operada tácita e históricamente, de una sociedad masa.

Al no haber promovido el Estado mecanismos estables y viables de participación  horizontal (entre los ciudadanos) y vertical (sociedad y Estado), el resultado ha sido la atomización de la sociedad civil, integrada por un conglomerado de individuos desvinculados unos de otros. Desarticulada nuestra sociedad, el Estado no encontró límites para aumentar y consolidar su presencia avasalladora.

Tal presencia ha conllevado a apropiase paulatinamente de la iniciativa y responsabilidad de los ciudadanos, con lo cual redujo ensociedad mucho su campo de elecciones particulares. El axioma resultante -la ‘necesidad’ y ‘grandeza’ del Estado- se basa en el ‘empequeñecimiento’  del individuo y en su ‘manejo’ de acuerdo a las reacciones (tendencias). Así, nuestra sociedad-masa resulta integrada por un poder político central y la suma de actuaciones individuales desconectadas entre sí y en relación con el todo social. Ante un desinterés (¿forzado?) de los sujetos por el bien común el Estado se ha hecho cada vez más potente, más centralizado y más burocrático.

La falta de relaciones sociales amplias, de fines comunes conseguidos por medios adecuados, lleva al Estado a organizar el conjunto de tareas sociales (económicas, culturales, etc.) pensando en el consumidor individual que resulta, por otro lado, semejante a los demás.     

Desarrollo y reordenamiento jurídico van de la mano. Por un lado, el desarrollo consiste en buscar superar las condiciones de necesidad (materiales, económicas, sociales etc.) de modo tal que el hombre pueda elegir cada vez con más libertad y menos forzado por las circunstancias. A su vez, el reordenamiento jurídico debe garantizar mecanismos o praxis legales que hagan operativo el derecho que tiene la persona en comprender e intervenir inteligentemente en  lo qué hace  así como en saber  para qué lo hace y, en consecuencia, aceptar la responsabilidad activa que ese conocimiento supone.  Esta es la única manera de garantizar que se sienta verdadero autor de las decisiones adoptadas.

La total comprensión de lo que se hace presupone suficiente información, que se valore debidamente la opinión personal y la intervención en la actividad conclusiva posterior.  Si falta cualquiera de estos tres elementos en grado suficiente no existirá verdadera libertad y, por tanto, tampoco se podrá exigir responsabilidad por los resultados.

Correlación de las leyes

Las gestiones normativas de los distintos gobiernos, muchas veces desconectadas de la realidad, ha impedido identificar la correlación que debe existir entre el cambio social y el cambio jurídico. La situación social es un factor influyente en la configuración de las leyes civiles que, a su vez, actúan también en la configuración de la sociedad en que se implantan.

No se está lejos de la verdad cuando se afirma que en el Perú primó el criterio legalista. Pero lo que nunca se evaluó fue el impacto de las leyes en la configuración de la sociedad. Prueba de ello es la profusión de leyes, incluso contradictorias entre sí, de gobierno a gobierno. Da la impresión que la norma jurídica se percibe como agua que pasa por la piedra sin dejar huella.

 Cambios necesarios

Desde la década del sesenta se observa cambios en la sociedad peruana. Nuestro país tiene ahora otro rostro, otra configuración. Este cambio social tiene que llevar consigo un cambio jurídico. El ordenamiento, pues, se hace eco del cambio y lo refleja. Lo cierto es que si no se actualizan los mecanismos jurídicos, seguirán existiendo dos caminos paralelos -Estado y sociedad – cuya intersección será difícil y dudosa. La dinamicidad de la ley procede en definitiva de la dinamicidad del bien común, el cual constituye el fin propio de las leyes.

En el Perú se advierte un divorcio entre la norma y la costumbre, entre la ley y la praxis. La influencia del positivismo a ultranza ha traído consigo un fenómeno que bien puede denominarse legalista, pues lejos de involucrar a más de la mitad de la población que realiza sus actividades y operaciones cotidianas basados en el derecho natural y las costumbres, la  fuerza a seguir un sistema legal que desconoce. Evidentemente, este hecho conlleva una doble dificultad. Por una parte, las disposiciones del Estado no recogen toda la gama y alternativas que tiene la sociedad para establecer sus acuerdos o compromisos. De otro lado, el ciudadano encuentra que las normas no responden a su modo de vida y tiene que ‘aprender’ nuevos modos para poder operar dentro de un marco establecido, los que finalmente termina por desvirtuarse o acomodarse a sus exigencias tal vez poco ‘legales’ pero de cuya eficiencia y practicidad nadie discute.

El Estado peruano es esencialmente urbano. En rigor, su radio de acción -fluidamente legal- se extiende a zonas o lugares donde él es visto como necesario. Su concepción y enfoque debe involucrar a todo el territorio nacional. En consecuencia, su sistema jurídico debe responder a la heterogeneidad del país, de lo contrario no pasaría de ser simplemente el sombrero de un normal atuendo de vestir.

 Objetivos principales

Un reordenamiento jurídico debe incluir mecanismos que conduzcan a la existencia de ciudadanos conscientes, responsables, propietarios; y que apunte hacia el progreso y la integración.

 Consciente.- Que tenga acceso a todo tipo de información. Lo cual supone no solo calidad en la educación sino transmisión adecuada y facilidad para codificar la información  recibida. Implica además que tendrá los criterios necesarios para orientar su comportamiento dentro de los cánones establecidos. (Si los cánones establecidos son incoherentes o inestables, los criterios asumidos serán poco valederos. La transparencia y el compromiso con la verdad se hacen imprescindibles)

 Responsable.- Capaz de poder tomar decisiones tanto en el ámbito personal como en el social y realizarlas. Ello supone, entre otras cosas, que el Estado confíe y devuelva esa capacidad al ciudadano a través de un bien entendido principio de subsidiariedad.

Propietario.- Para ello es necesario propiciar la creación de empleos y garantizar la disponibilidad de los bienes de consumo, así como hacer más viables y menos complicadas las operaciones de compra y venta. Es también importante estimular la iniciativa para quienes estén en condiciones de adquirir bienes de producción o comunicar sus bienes de capital para el desarrollo de la sociedad, garantizando su propiedad. El acceso a la propiedad debe ser incentivado -dentro del respeto a la persona y a su dignidad- sin quedarse en la forma, es decir, considerando la variedad del hombre y sin tratarlo en serie. En lugar de fomentar el acceso a una vivienda con lotes reducidos que condicionan el desarrollo de la familia y construidos de antemano, debería tenderse a que las familias las construyan de acuerdo con sus necesidades y estilos personales. La propiedad es personal o privada no porque sea exclusiva de alguien sino porque responde a su manera de ser y se ajusta a ella.

 –Progreso.- En la medida que se alienta las iniciativas personales en todos los campos se propende al desarrollo socio-económico. El progreso no es unilateral, siempre es multilateral.

Integración.- Supone ante todo un enfoque nacional. Esto se traduce, por parte del Estado, en la descentralización de funciones, desconcentración de los objetivos finales en objetivos intermedios perfectamente calculados para evitar el peligro de la dispersión y el confusionismo consiguiente. Para integrar es necesario incentivar la socialización participativa mediante la cual se pretende ordenar el fondo social en grupos, asociaciones y empresas libres e independientes del Estado e incluso del poder del capital. Se debe buscar la plena participación organizada de toda la población.

La participación demanda distribución jerárquica del poder y fácil movilidad en la escala social, basada en el único supuesto del merecimiento de cada uno. Si la democracia no extiende el principio de participación a los grupos económicos y sociales -que están actualmente marginados- seguirá siempre anclada en el pasado y vivirá en un puro anacronismo. Para cumplir con este cometido es necesario un reordenamiento jurídico, que busque precisamente que el ciudadano sea ‘actor’ y no ‘comparsa’ del juego político.

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1 comentario

  1. Aristio dice:

    El planteamiento es valioso. Muchos habitantes del Perú ya se han dado cuenta de lo funesta que es la creencia consistente en que “el Estado” deba ser el que oligopolice, junto con los partidos políticos, así sea de hecho o por razones “legales”, la capacidad de iniciativa en asuntos sociales.

    La hidra/ogrocefalia estatal (ahora que estamos brillantemente descentralizados por el Apra, según el Presidente García) está a la vuelta de la esquina en nuestro país.

    Por ello, es necesario explicar bien esa idea fuerza, tan común, pero peligrosamente superficial, de que “falta presencia (¿física…?) del Estado”. Debe hacerse ver que la formulación conclusiva correcta es: “las autoridades de turno gubernamentales (nacionales, regionales y municipales) han fallado o están errando reiteradamente en algunas o en casi todas de sus múltiples decisiones políticas (determinando en concreto cuáles), y ello es lo que ocasiona de manera contínua que la administración gubernamental (del grado que sea) funcione deficientemente o no puede funcionar en todo el territorio de su competencia”.

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