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A la luz de lo sucedido en Pomac, ¿dónde quedó la justicia y el derecho?

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Por Tatiana Coello

Los peruanos vivimos una oleada de terror. Y no me refiero estrictamente a los ataques terroristas o a los atentados producidos por los mercenarios del narcotráfico; tampoco a los levantamientos armados de la población manipulada que deja muertos tras toma de carreteras y propiedad privada. Estoy hablando de las consecuencias del accionar irracional de algunos magistrados que han decidido ponerse un trapo en los ojos para intentar no ver el crimen que están cometiendo al emitir resoluciones jurisdiccionales que van directamente contra el estado de derecho y la justicia.

Años atrás los ciudadanos éramos testigos de acciones de amparo acogidas por algún juez para inmovilizar el ejercicio depolicias muertos la autoridad municipal -por ejemplo-, coincidíamos en criticar a los magistrados por la indiferencia que demostraban al no procesar a delincuentes que eran atrapados en flagrante delito a expensas del riesgo del personal policial; o nos lamentábamos porque los jueces demostraban total pasividad frente a la acumulación de carga procesal y la consecuente lentitud en la administración de justicia. Pero ahora vemos con estupor cómo algunos jueces, como el del segundo Juzgado Civil de Chiclayo,  Juan Terán Arrunátegui, admite una demanda que reabre la causa referida a la ocupación del Santuario Histórico Bosque de Pomac, reviviendo una cosa juzgada cuya sentencia fue ejecutada con el desalojo de los invasores aquel fatídico 20 de enero en que los vándalos arrancaron la vida cruelmente a dos efectivos policiales.

corrupcion-No solo esto, para variar, como ha denunciado el asesor legal del comité de gestión del Santuario, Segundo Villegas Supo, alguien habría sustraído del despacho del titular del Juzgado Penal Transitorio de Ferreñafe los 50 contratos de compraventa que implican a Celso Farroñán Facho como el traficante de tierras que vendió ‘ilegalmente’ la zona invadida a unas 200 familias que habitaban esas tierras desde el 2002.

Cabría preguntarse cuánto puede costar hacer que un magistrado se enfrente al Derecho y a las leyes y que otros miembros de la administración de justicia se atrevan a eliminar ‘a pedido’ las pruebas que implican un hecho delictivo.

 Este, por supuesto, no es el primer caso en que juez, secretarios, asistentes, etc., se prestan para un acto con claros visos de corrupción. Continuamente los peruanos experimentamos estos hechos, mas no se hacen públicos y las víctimas sufren las consecuencias sin que nadie haga algo por ellos. Por eso es que más de uno piensa que en este país la justicia es para quien puede ‘pagarla’, y no nos referimos a tasas o costos legales, hablamos de coimas. Mas, si antes la creencia era que solo los adinerados podían ‘romperle la mano’ a los magistrados corruptos, hoy en día los grupos organizados de traficantes de tierras e invasores saben muy bien cómo hacer para lograr ‘éxito’ en sus ilegales acciones.

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2 comentarios

  1. Arturo dice:

    En el Perú estamos como estamos porque los magistrados no tienen formación en ética, todos se venden por cualquier cantidad. A veces le sacan dinero a las dos partes en conflicto. ¡da asco!
    Mientras estemos gobernados por personas mal educadas y sin valores poco podremos hacer por tener una sociedad sana y justa.

  2. rosa dice:

    que pena por todo lo que pasa, asi hablan de progreso, vean que nivel de capacidad tienen nuestros magistrados, que muchas veces juegan a doble cachete

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