Por Lorenzo de la Puente*
La semana pasada la Defensoría del Pueblo pidió al Congreso de la República la aprobación de la Ley de Consulta Previa (leer noticia) y, luego, varios congresistas le hicieron eco (leer noticia). También, el propio presidente del Congreso declaró que la aprobación de la ley será prioridad en el Parlamento (leer noticia). Es más, incluso Amnistía Internacional demandó la aprobación de los mecanismos que hagan posible la consulta previa (leer noticia). Por su lado, el Ministro de Energía y Minas, en una de sus primeras declaraciones, planteó la necesidad de las licencias sociales para los proyectos de inversión (leer noticia).
El anterior Congreso ya había aprobado la Ley de Consulta Previa; sin embargo el gobierno aprista la observó poco antes de retirarse. Se trata de un tema que, cual Espada de Damocles, pende de un hilo sobre un Estado que puede seguir perdiendo autoridad si es que no asume su responsabilidad social como debe ser. Pareciera, lamentablemente, que en el Perú tenemos más territorio que Estado.
Los términos consulta previa” y “licencia social” se pueden mezclar y confundir con otros como “participación ciudadana”, “veto”, “audiencia pública” y “mesas de concertación”; todos ellos, términos que significan distintas cosas y que no siempre son bien comprendidos. Esta vez, quiero dedicarme a la consulta previa: amenaza para algunos, medio de lucha para otros.
Leyendo con tranquilidad y tratando de interpretarlo, entiendo que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene a la consulta previa como un diálogo intercultural indispensable para los sectores indígenas -y yo añadiría, indispensable, ahora, para la nación peruana-. Por lo que es importante tener en cuenta que, quizás, las dos condiciones más importantes para que se lleve a cabo apropiadamente son (i) la buena fe y (ii) su aplicación previa a las inversiones públicas y privadas –no cuando ya existe un interés concreto-. De no verificarse ambas condiciones, el mecanismo fracasaría.
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